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COMUNICADO DE DESCLASIFICACIÓN POPULAR | Anuncios de Michelle Bachelet a 44 años del Golpe Militar

Hoy, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio tres anuncios para los y las sobrevivientes de la prisión política y tortura de la dictadura cívico-militar de Pinochet:
  • Pondrá discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Valech I, para que esa información se pueda entregar a los tribunales.
  • Se firmará en los próximos meses un convenio entre la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, para que jóvenes estudiantes de derecho puedan asistir legalmente a familiares de víctimas, apoyando su acceso a la justicia, y promoviendo entre los profesionales recién egresados una labor de reparación y memoria.
  • Presentará un Mecanismo de Recalificación para Víctimas de Prisión Política y Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Política, que, a través de una comisión asesora revisará los antecedentes de quienes hayan sido rechazados por la comisión Valech II.
Sobre el primer anuncio, al proyecto de ley que se pondrá “discusión inmediata”, es la moción que se encuentra en 2do trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos del Senado: proyecto de ley que modifica la ley N°19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Boletín N° 10.883-17).
Esta moción no permitiría avanzar totalmente en el esclarecimiento de la verdad. Este es un proyecto de ley mínimo, que sólo permitirá que los archivos los vea tribunales. Frente a los 50 años de secreto, por supuesto que es un avance. Pero limitado. Dependerá de los tribunales de pedir los archivos y sólo servirá para personas que tengan recursos ante la justicia. Debe existir una denuncia y, hasta el momento, las víctimas y sus familiares han hecho estas denuncias. Siendo que es una obligación del Estado, que no está cumpliendo. Aunque el Poder Judicial ha actuado por iniciativa propia en caso de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos desde el 2010, consideramos que será complejo para tribunales comenzar con 40.000 casos de sobrevivientes de la dictadura.
Sobre el segundo anuncio, generaría más problemas que acceso a la justicia a los ex presos y ex presas políticas, ya que no asegura que estos abogados se dediquen exclusivamente a las causas. Se necesita que se faculte una oficina especial para que el Estado sea parte de los procesos penales. De esta forma, para que realmente el Estado se haga cargo y no recaiga en las víctimas y sobrevivientes. Se debe permitir a la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ser parte en las causas criminales que se abran con ocasión de la entrega de los archivos de las comisiones Valech I y II, tal como ya es parte en los casos por ejecutados políticos y desapariciones forzadas.
 
En vez de firmar este acuerdo, la Presidenta de la República podría dar esta facultad al citado programa, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esto se puede hacer, mediante un nuevo proyecto o bien, mediante un veto aditivo que entregue estas competencias a la Unidad Programa de Derechos Humanos, aumentando, del mismo modo, la cantidad de profesionales a cargo de los casos. El anuncio, como ha sido planteado, entonces, no solucionaría el acceso a la justicia a los y las ex presas políticas y víctimas de tortura de la dictadura cívico-militar.
Finalmente, sobre el último anuncio: la recalificación a las personas que asistieron a la Comisión Valech II. Desde hace varios meses, diversas organizaciones de ex presas y ex presos políticos están en una Mesa de Negociación con diversos organismos del Estado (INDH, Subsecretaría de DDHH, Ministerio del Interior, entre otros) para lograr reivindicaciones ligadas a los sobrevivientes de la dictadura cívico-militar en Chile.
 
Una de las demandas, es la recalificación para todas las personas que no fueron reconocidas oficialmente como víctimas de la Comisión Valech I y Valech II. Hoy la Presidenta de la República anunció la recalificación de los asistentes de la Comisión Valech II.
 
Lo que NO DIJO LA PRESIDENTA BACHELET EN SU ANUNCIO ES QUE ESTE PROCESO DE RECALIFICACIÓN SERÁ SIN REPARACIÓN. Es decir, se invitarán a las 22.036 personas que no fueron reconocidos como víctimas por la Comisión Valech II, a dar nuevamente su testimonio sobre sus torturas. Para luego, no darles derecho a una pensión de reparación. NO SE LES DARÁ DERECHO A LOS BENEFICIOS DE REPARACIÓN DE LA LEY 19.992.
Como DESCLASIFICACIÓN POPULAR, consideramos que la recalificación sin reparación no es justa. Tampoco se entiende por qué se excluyen a los no calificados en la Comisión Valech I y a las personas que, por temor u otras razones, no asistieron a las Comisiones de Tortura y Prisión Política de Chile. COMO LOS ENCARGADOS DE ESTA RECALIFICACIÓN NO HAN SIDO TRANSPARENTES Y NO HA DADO UN BORRADOR Y/O DOCUMENTO OFICIAL SOBRE ESTA NUEVA INSTANCIA, no se saben detalles de nada. Además, se les ha dicho a las organizaciones de ex presos y ex presas políticas que es un problema acceder a los archivos de la Comisión Valech II. LA COMISIÓN VALECH II NO TIENE 50 AÑOS DE SECRETO. LA COMISIÓN VALECH II FUE CREADA POR LA LEY 20.405 QUE NO ESTABLECE SECRETO. SE PONE 50 AÑOS DE SECRETO A LA COMISIÓN VALECH I, A TRAVÉS DEL ART. 15 DE LA LEY 19.992.
 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) puede, perfectamente, llamar a los no calificados a retirar sus antecedentes. Tiene sus datos personales, ya que es el custodio de todos estos archivos.
DESCLASIFICACIÓN POPULAR exige claridad hacia el país, y respeto a los sobrevivientes de la dictadura de Pinochet. Los tres anuncios de hoy, no solucionan verdaderamente las demandas de los ex presos y ex presas políticas y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Es necesario que el Estado de Chile derogue el artículo 15 de la ley 19.992, si quiere que los archivos de la Comisión Valech I no tengan 50 años de secreto. Es necesario crear una oficina especial de abogados encargados de demandar y llevar las causas de los y las sobrevivientes de la dictadura, si quiere justicia y verdad. Y, finalmente, es necesaria una recalificación con reparación, donde se permita a todos y todas los no calificados a dar sus testimonios. Incluso, a los y las compañeras que no asistieron a ninguna de las Comisiones de Tortura y Prisión Política.
 
 
Atentamente,
Equipo de Desclasificación Popular