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Sobre la quema de archivos de las FF.AA. y de Orden

Al igual que muchas organizaciones de Derechos Humanos, como Londres 38, las agrupaciones de familiares de detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as políticos/as, y agrupaciones de ex presas y ex presos políticos, hacemos un llamado a parar la destrucción de los archivos de las FF.AA. y de Orden. Desde Desclasificación Popular, queremos unirnos a ese llamado. Pero tomando en cuenta lo sucedido en Chile desde octubre del 2019: es urgente impedir que las Fuerzas Armadas y de Orden quemen los archivos de lo sucedido desde octubre del 2019 en adelante. Si algunos de los archivos, videos y audios que registró lo sucedido en Chile se quema o se destruye, se hará un daño irreparable a la verdad, la justicia y la memoria.

Por lo sucedido en Chile con el estallido social, se necesitan los archivos de las Fuerzas Armadas y de Orden. No se puede permitir que esto ocurra otra vez: estos archivos que puedan ser claves tanto para la verdad judicial como para la verdad popular, la memoria y la justicia. Hoy incluso las Mismas Fuerzas Armadas y de Orden tienen otras tecnologías, han producido otros tipos de archivos. Podemos ver si hay elementos en video o en soportes digitales.

Por esto compartimos esta minuta, y queremos abrir el debate sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas y de Orden no quemé ninguno de estos archivos de nuevo. De nuevo, este no es un debate reciente, ni llevado exclusivamente por Desclasificación Popular. Pero es un debate que necesitamos hacer nuevamente, porque las Fuerzas Armadas y de Orden tienen en su poder información que puede ser crucial para el establecimiento de la verdad de lo ocurrido en Chile en 2019. Específicamente, queremos dar a conocer los reglamentos. En general, se habla solo del DFL 5.200 de 1929 o de la ley 18.771. Los reglamentos de las Fuerzas Armadas y de Orden nos dan los tiempos que demorarán en destruir elementos de octubre, noviembre y diciembre del 2019. Dichos reglamentos vendrán adjuntos a esta minuta.

Descargar: Sobre la quema de archivos de las FF.AA y de Orden [Minuta]

Sobre reglamentos de las FFAA y de orden QUEMA DE ARCHIVOS - 12 de dic 2019
reglamento22documentos carabineros (2)

Descargar: Reglamento N° 22 Carabineros de Chile

Reglamento documentacion y archivo PDI

Descargar: Reglamento Documentación y Archivo PDI

RAO 03006 (1)

Descargar: Reglamento Correspondencia y Documentación Ejército de Chile

Circular1773_26122014 (1)

Descargar: Circular N°1773 Destrucción de Documentos Carabineros

Foto de Londres 38, espacios de memoria.

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La «agenda social» en el Congreso: ¿qué proyectos de ley ha enviado el Presidente Piñera para hacer cambios sociales?

En diversas cadenas nacionales, y en la prensa en general, el Presidente Piñera ha anunciado medidas de la «agenda social». Iniciativas que «ayudarán a los cambios sociales». Frente a estas declaraciones, nos preguntamos ¿cuál es la agenda social que está en el Congreso de la Nación? Les enviamos una minuta con dicha información.

Proyectos de ley ingresados al Congreso ESTALLIDO SOCIAL - 09 dic 2019
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Alerta Legislativa: Proyectos de Ley para que las FF.AA estén en las calles

En el transcurso de la Jornada de hoy, tanto el Gobierno como Senadores del oficialismo ingresaron una serie de  Proyectos de Ley en el marco de la Reforma a Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad nacional.

En los siguientes enlaces puedes descargar los proyectos:

Proyecto de ley de Sebastián Piñera: Proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de éstas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad nacional (Boletín 13088-02). VerProyecto de Ley Boletín 13088-02

Proyecto de reforma constitucional, que permite el empleo de fuerzas militares en el resguardo de infraestructura crítica (Boletín 13085-07). Ver: Boletín 13085-07

Proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (Boletín 13086-07). Ver: Boletín 13086-07

Proyecto de reforma constitucional que faculta al Presidente de la República para declarar estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica (Boletín 13087-07). Ver: Boletín 13087-07

Proyecto de reforma constitucional que extiende al delito de incendio las restricciones contempladas en la letra e) del número 7° del artículo 19 de la Carta Fundamental para conceder la libertad al imputado (Boletín 13079-07). Ver:Boletín 13079-07

 

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Georeferenciar la represión: Lanzamiento del Proyecto Cartografías de la Represión

Cartografías de la Represión es un proyecto del equipo de Desclasificación Popular que busca recopilar y sistematizar antecedentes sobre violaciones a los Derechos Humanos con el fin de referenciar espacialmente las diversas formas de represión ejercidas sobre personas y/o colectivos en el actual contexto de movilización social.

La tarea de localizar espacialmente las diversas formas de represión ejercidas por agentes estatales y/o privados contra la sociedad civil, es un ejercicio que permite no tan sólo dimensionar la magnitud de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, sino también poder analizar geográficamente las nuevas y antiguas dinámicas y flujos represivos presentes a partir del 18-0, a fin de constatar la producción de «espacios represivos» como parte de una política de Estado.   

Puedes ingresar información en caso de haber sido víctima, testigo de Violaciones a los Derechos Humanos, o bien, si viste contenidos subidos por personas que conozcas o de usuarios/as/es en redes sociales que nos permita localizar el/los lugar/es de los hechos.

La información entregada será tratada de manera confidencial, sólo para fines de investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos.

Si deseas rectificar o cancelar algún dato que nos entregues, puedes solicitar el ejercicio de tus derechos de acuerdo a la ley 19.628 enviándonos un correo a cartografiasdelarepresión@gmail.com

Ayúdanos a mapear la represión ingresando tu denuncia Aquí

Síguenos en Facebook en Cartografías de la Represión

 

 

 

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COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DIO EXPLICACIONES A LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE HOMENAJE A KRASSNOFF

Hoy, la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibió al Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez. Quien explicó lo sucedido el 06 de octubre del 2018, en una actividad en la Escuela Militar. Según Martínez, esto no fue un homenaje. Más bien, fue una actividad de ex alumnos de la Escuela Militar de la generación del ’91 al ’93. Y ahí el coronel Miguel Krassnoff Bassa dio su discurso, y el Director de la Escuela Militar no lo detuvo. Tampoco habría informado sobre este incidente. Martínez indicó que la DINE fue que detectó el video cuatro días antes que la prensa. Varios diputados dijeron no estar conformes con la explicación, y recordaron que el Director de la Escuela Militar, Villaroel, dijo a la prensa que no fue sancionado. Martínez dijo que el no renunció, se le pidió la renuncia y que nunca se había destituido así a un director de escuela. Sobre la sanción de , Martínez dijo que sí había pedido el retiro pero este retiro se procesó más rápido de lo normal.

 

Les dejamos una minuta sobre lo sucedido en la comisión.

Comisión defensa CÁMARA Homenaje a Krassnoff -06 nov 2018-

 

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REACTIVACIÓN DE PROYECTO DE LEY SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL

La semana pasada, se reactivó la tramitación del proyecto de ley que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (Boletín Nº 10696-07). El año 2016 fue la última vez que se vio esta iniciativa, y quedó en etapa de comisión mixta. Es decir, que se haría una comisión entre diputados y senadores para resolver artículos en que no hay acuerdo.
Esta comisión tuvo una sesión hoy, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó la siguiente indicación a los requisitos para acceder a la libertad condicional a varios reos –entre ellos a los condenados por delitos de lesa humanidad–:

“A las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, violaciones, secuestro, sustracción de memores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley n° 20.357; podrán postular a este beneficio cuando hubieran cumplido dos tercios de la pena y solo si concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el condenado ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la investigación para la determinación de su pena. Se considerara que concurre especialmente esta circunstancia si hubiese considerado la atenuante de la confesión espontánea o la colaboración delos numero 8° y 9° del artículo 11 de Código Penal; o
b) Si el condenado ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones durante la etapa de investigación y enjuiciamiento, en particular colaborando en la localización delos bienes sobre los que recaigan multas, comisos o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o,
c) Cuando acrediten por cualquier medio idóneo que ha aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento, en otros causas criminales, o;
d) La existencia de circunstancias individuales del condenado, tales como el deterioro de su estado de salud física o mental o su edad avanzada”.

Si esto fuese ley hoy, cualquier reo de Punta Peuco podría pedir su libertad condicional diciendo que ya cumplió 2/3 de su condena y que está gravemente enfermo y/o ya es adulto mayor. Varios diputados y senadores estuvieron en contra de esta propuesta. La comisión mixta sesionará el próximo martes para ver este asunto. Cabe señalar que el diputado Leonardo Soto (PS) también tiene una propuesta en ese asunto: contemplaría la libertad condicional cuando exista una confesión espontánea o colaboración sustancial y no tener procesos pendientes ni otras condenas por delitos contra los Derechos Humanos. También la propuesta exige que los reos firmen una declaración pública que muestre su arrepentimiento. Además, se le exigirán a los condenados haber cumplido al menos 5/6 de su pena total.
Para ver todo lo sucedido en esta comisión, hacer click aquí: Comisión mixta libertad condicional boletín 10696 -14 agosto 2018

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INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Dejamos una minuta que relata lo sucedido el 06 de junio del 2018, donde la Cámara de Diputados interpeló al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de ley del bono reparatorio para los y las ex presas políticas de la Dictadura de Pinochet.

Para ver el documento, haga click aquí:

Interpelación al Ministro de justicia y DDHH CÁMARA DE DIPUTADOS -06 de junio 2018-

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Documento de trabajo n° 1 de Desclasificación Popular

Este es nuestro primer documento de trabajo, donde mostramos las cifras de cuántas personas han desclasificado sus archivos Valech en Chile. En el siguiente link, podrá leer en detalle este documento de trabajo.

Documento de trabajo n° 1 CIFRAS DE DESCLASIFICACIÓN POPULAR

 

 

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La denuncia de Lorena Fríes, Ex Subsecretaria de Derechos Humanos

El 12 de marzo de 2018, la exsubsecretaría de Derechos Humanos del segundo Gobierno de la expresidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, presentó, a última hora, una denuncia ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago “contra todos quienes resulten responsables de la comisión del delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el Código Penal en contra de todas las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (Valech I) y la Comisión Asesora para la Calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura (Valech II)”.

Esta acción, podría ser considerada como el ejercicio correcto y legítimo, por parte de una autoridad y funcionaria pública, de la acción penal destinada a la investigación de los delitos de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de las víctimas de la práctica sistemática de prisión política y tortura de la época de la dictadura, reconocidas por el Estado de Chile a través de una comisión de verdad, y la sanción de los sujetos que cometieron tales ilícitos. Es más, podría considerarse como una acción encaminada al cumplimiento de una obligación que tienen quienes revisten el carácter de funcionario público, de denunciar hechos que revisten el carácter de delito. Podría, así, estimarse una gran noticia para todas y todos quienes anhelan que nuestro país –como mínimo- cumpla con sus obligaciones internacionales en el proceso de Justicia Transicional que aún vivimos.

Sin embargo, como Desclasificación Popular, nos gustaría compartir algunos comentarios sobre la presentación realizada por la señala exsubsecretaria de Derechos Humanos, toda vez que la forma de llevar a cabo esta actuación merece múltiples reproches.

En primer lugar, llama la atención la fecha de su presentación. La exsubsecretaria, autoridad del antiguo Gobierno, presentó esta denuncia justo cuando el Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, en conjunto con los abogados Paz Becerra y Francisco Jara, presentaron una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento de las obligaciones de investigar, enjuiciar y castigar la práctica sistemática de la tortura durante la dictadura militar.

En segundo lugar, la exsubsecretaria Fries funda, entre otros motivos, la interposición de la señalada denuncia en el deber de todo funcionario público de  “denunciar delitos que estén en su conocimiento”. Invoca el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo (Ley Nº 18.834) y el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Cabe preguntarse por qué, cuando desempeñó su cargo como Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ella no presentó esta denuncia. Recordemos que el INDH es el custodio de estos archivos, por disposición normativa de la Ley Nº 20.405. Y, ciertamente, corresponde cuestionarse por qué los funcionarios del INDH no han denunciado aún estos hechos, siendo que custodian, guardan y procesan estos datos, hacen trabajo de conservación y han entregado archivos a varios ex presos y ex presas, gracias a la difusión de Desclasificación Popular.

Es más, si todo funcionario público debe denunciar, ¿por qué los funcionarios de las comisiones Valech I y Valech II, o los funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que custodiaron estos archivos en el pasado, o de la Presidencia de la República, no denunciaron estos hechos? ¿Esto quiere decir que todos los funcionarios públicos han incumplido su deber de denunciar?

 

Particularmente, a Desclasificación Popular le llama aún más la atención la denuncia de la exsubsecretaria Fries, porque la primera vez que nosotros solicitamos desclasificar antecedentes de represión de víctimas, con un grupo de 12 expresos políticos y expresas políticas, hecho ocurrido el año 2015. La entonces directora del INDH se negó, manifestanfo que el artículo 15 de la Ley Nº 19.992 no le permitía entregar copia íntegra de los archivos de la Comisión Valech correspondientes a la calificación de estas personas. Lo que hizo Fries, en esa oportunidad, fue entregarles sólo copia de lo que ellas llevaron en su momento a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech I, negando acceso a su ficha y al acto de calificación.

Con posterioridad, el INDH reinterpretó la norma que estableció el secreto de los 50 años de secreto, contenida en el ya señalado artículo 15 de la Ley Nº 19.992. Dicho cambio de criterio del INDH sólo sucedió mediante la interposición de recursos de protección presentados por abogados que leyeron el manual de Desclasificación Popular y por los 14 recursos de protección presentados por nosotros el año 2016, los cuales fueron acogidos por la Judicatura declarando el actuar ilegal y arbitrario del INDH. Fries, en tal ocasión, no actuó en contra del secreto de los 50 años de la Comisión Valech I. Adjuntamos esa carta, para su conocimiento público.

Otro asunto importante, es que el artículo 15 de Ley Nº 19.992, especialmente el inciso tercero, señala: “Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia” (énfasis agregado). Como se observa, esta norma prohíbe a los tribunales de Justicia el acceso a los archivos de la Comisión Valech I.

En el caso de los archivos de la Comisión Valech II, el Poder Judicial ha tenido acceso a una gran cantidad de archivos de dicha comisión de verdad. Curiosamente, la revisión de tales antecedentes no ha originado proceso criminal alguno, siendo que son archivos que contienen bastante información. De hecho, parte del equipo de Desclasificación Popular formuló una solicitud al Poder Judicial, invocando la Ley de Acceso a la Información Pública:

“En julio 2014, mediante el dictamen N° 41.230-2014 de la Contraloría, se señaló que respecto de los antecedentes correspondientes a Valech II, son los propios Tribunales de Justicia a quienes corresponde decidir sobre requerir o no ésta información. Por lo anteriormente señalado, el INDH ha procedido a entregar documentación solicitada por Tribunales, cuando ésta corresponde a casos relacionados con personas que entregaron antecedentes a la Comisión Valech II. Según el INDH, tribunales ha pedido 924 archivos de la comisión Valech II. Me gustaría solicitar que cortes y/o tribunales han pedido estos archivos, de qué región son y si han iniciado casos nuevos con la información de los archivos. Por favor, indicar qué causas se han iniciado, dónde y el rol”.

Ante tal requerimiento de información, el Poder Judicial contestó lo siguiente:

“(…) realizadas las consultas a los ministros en causas de derechos humanos se informa a usted que sólo la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcia Undurraga Jensen solicitó los antecedentes al Instituto de Derechos Humanos (INDH) tal como lo detalla el siguiente link. http://www.pjud.cl/web/guest/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/indh-entrega-a-la-corte-de-apelaciones-de-rancagua-600-fichas-con-antecedentes-de-personas-torturadas
Los antecedentes no originaron ningún proceso criminal y luego fueron derivados al ministro en visita Mario Carroza Espinosa, quien tampoco abrió procesos por estos antecedentes. Del resto de los ministros en causas de derechos humanos sólo el ministro Álvaro Mesa Latorre pidió antecedentes de un caso concreto no abriendo procesos con esos datos.”.

Otro aspecto que debemos cuestionar a propósito de esta denuncia, es que ella no cumple con las exigencias mínimas establecidas en los artículos 82 y 90 del Código de Procedimiento Penal.

Asimismo, llama poderosamente la atención, la oportunidad en que la exsubsecretaria de Derechos Humanos realizó esta actuación. Primero, porque el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal establece, en lo pertinente, que la denuncia deberá hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tengan conocimiento del hecho criminal. En segundo lugar, por realizarla el día 12 de marzo de 2018, según consta en el certificado de ingreso, cuando ya no detentaba el cargo que investía en el anterior Gobierno.

Finalmente, una enorme consideración de carácter práctico. Aunque el Ministro don Mario Carroza Espinosa, en un caso hipotético, comience a investigar estos casos, hoy no hay capacidad para instruir la indagación de estos 30.000 casos, ocurridos en todo el territorio nacional. Para desarrollar una labor de esta envergadura, el Estado de Chile debería disponer recursos especialmente destinados a ejecutar tal cometido, cuestión que no ha ocurrido. No se ha definido una política para tener abogados del estado dedicados a esto como ocurre con la Unidad Programa de Derechos Humanos, ni se ha aumentado los recursos en el Servicio Médico Legal, ni en las policías y ni el Poder Judicial. Tampoco se el gobierno saliente logró modificar el secreto de los 50 años de la Comisión Valech I.

Este gesto de presentar una denuncia de estas características a última hora, y no haberlo impulsado ni desde el INDH, ni a principios del gobierno, resulta nuevamente, una burla de la expresidenta Michelle Bachelet y de su exsubsecretaria de Derechos Humanos, como lo fue el frustrado cierre del recinto penitenciario de Punta Peuco.

En todo caso, como Desclasificación Popular, estaremos muy atentos a la tramitación de esta denuncia interpuesta ante la Justicia doméstica.

 

Atentamente,

Equipo de Desclasificación Popular

www.desclasificacionpopular.cl

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COMUNICADO DE DESCLASIFICACIÓN POPULAR | Anuncios de Michelle Bachelet a 44 años del Golpe Militar

Hoy, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio tres anuncios para los y las sobrevivientes de la prisión política y tortura de la dictadura cívico-militar de Pinochet:
  • Pondrá discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Valech I, para que esa información se pueda entregar a los tribunales.
  • Se firmará en los próximos meses un convenio entre la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, para que jóvenes estudiantes de derecho puedan asistir legalmente a familiares de víctimas, apoyando su acceso a la justicia, y promoviendo entre los profesionales recién egresados una labor de reparación y memoria.
  • Presentará un Mecanismo de Recalificación para Víctimas de Prisión Política y Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Política, que, a través de una comisión asesora revisará los antecedentes de quienes hayan sido rechazados por la comisión Valech II.
Sobre el primer anuncio, al proyecto de ley que se pondrá “discusión inmediata”, es la moción que se encuentra en 2do trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos del Senado: proyecto de ley que modifica la ley N°19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Boletín N° 10.883-17).
Esta moción no permitiría avanzar totalmente en el esclarecimiento de la verdad. Este es un proyecto de ley mínimo, que sólo permitirá que los archivos los vea tribunales. Frente a los 50 años de secreto, por supuesto que es un avance. Pero limitado. Dependerá de los tribunales de pedir los archivos y sólo servirá para personas que tengan recursos ante la justicia. Debe existir una denuncia y, hasta el momento, las víctimas y sus familiares han hecho estas denuncias. Siendo que es una obligación del Estado, que no está cumpliendo. Aunque el Poder Judicial ha actuado por iniciativa propia en caso de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos desde el 2010, consideramos que será complejo para tribunales comenzar con 40.000 casos de sobrevivientes de la dictadura.
Sobre el segundo anuncio, generaría más problemas que acceso a la justicia a los ex presos y ex presas políticas, ya que no asegura que estos abogados se dediquen exclusivamente a las causas. Se necesita que se faculte una oficina especial para que el Estado sea parte de los procesos penales. De esta forma, para que realmente el Estado se haga cargo y no recaiga en las víctimas y sobrevivientes. Se debe permitir a la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ser parte en las causas criminales que se abran con ocasión de la entrega de los archivos de las comisiones Valech I y II, tal como ya es parte en los casos por ejecutados políticos y desapariciones forzadas.
 
En vez de firmar este acuerdo, la Presidenta de la República podría dar esta facultad al citado programa, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esto se puede hacer, mediante un nuevo proyecto o bien, mediante un veto aditivo que entregue estas competencias a la Unidad Programa de Derechos Humanos, aumentando, del mismo modo, la cantidad de profesionales a cargo de los casos. El anuncio, como ha sido planteado, entonces, no solucionaría el acceso a la justicia a los y las ex presas políticas y víctimas de tortura de la dictadura cívico-militar.
Finalmente, sobre el último anuncio: la recalificación a las personas que asistieron a la Comisión Valech II. Desde hace varios meses, diversas organizaciones de ex presas y ex presos políticos están en una Mesa de Negociación con diversos organismos del Estado (INDH, Subsecretaría de DDHH, Ministerio del Interior, entre otros) para lograr reivindicaciones ligadas a los sobrevivientes de la dictadura cívico-militar en Chile.
 
Una de las demandas, es la recalificación para todas las personas que no fueron reconocidas oficialmente como víctimas de la Comisión Valech I y Valech II. Hoy la Presidenta de la República anunció la recalificación de los asistentes de la Comisión Valech II.
 
Lo que NO DIJO LA PRESIDENTA BACHELET EN SU ANUNCIO ES QUE ESTE PROCESO DE RECALIFICACIÓN SERÁ SIN REPARACIÓN. Es decir, se invitarán a las 22.036 personas que no fueron reconocidos como víctimas por la Comisión Valech II, a dar nuevamente su testimonio sobre sus torturas. Para luego, no darles derecho a una pensión de reparación. NO SE LES DARÁ DERECHO A LOS BENEFICIOS DE REPARACIÓN DE LA LEY 19.992.
Como DESCLASIFICACIÓN POPULAR, consideramos que la recalificación sin reparación no es justa. Tampoco se entiende por qué se excluyen a los no calificados en la Comisión Valech I y a las personas que, por temor u otras razones, no asistieron a las Comisiones de Tortura y Prisión Política de Chile. COMO LOS ENCARGADOS DE ESTA RECALIFICACIÓN NO HAN SIDO TRANSPARENTES Y NO HA DADO UN BORRADOR Y/O DOCUMENTO OFICIAL SOBRE ESTA NUEVA INSTANCIA, no se saben detalles de nada. Además, se les ha dicho a las organizaciones de ex presos y ex presas políticas que es un problema acceder a los archivos de la Comisión Valech II. LA COMISIÓN VALECH II NO TIENE 50 AÑOS DE SECRETO. LA COMISIÓN VALECH II FUE CREADA POR LA LEY 20.405 QUE NO ESTABLECE SECRETO. SE PONE 50 AÑOS DE SECRETO A LA COMISIÓN VALECH I, A TRAVÉS DEL ART. 15 DE LA LEY 19.992.
 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) puede, perfectamente, llamar a los no calificados a retirar sus antecedentes. Tiene sus datos personales, ya que es el custodio de todos estos archivos.
DESCLASIFICACIÓN POPULAR exige claridad hacia el país, y respeto a los sobrevivientes de la dictadura de Pinochet. Los tres anuncios de hoy, no solucionan verdaderamente las demandas de los ex presos y ex presas políticas y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Es necesario que el Estado de Chile derogue el artículo 15 de la ley 19.992, si quiere que los archivos de la Comisión Valech I no tengan 50 años de secreto. Es necesario crear una oficina especial de abogados encargados de demandar y llevar las causas de los y las sobrevivientes de la dictadura, si quiere justicia y verdad. Y, finalmente, es necesaria una recalificación con reparación, donde se permita a todos y todas los no calificados a dar sus testimonios. Incluso, a los y las compañeras que no asistieron a ninguna de las Comisiones de Tortura y Prisión Política.
 
 
Atentamente,
Equipo de Desclasificación Popular