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INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Dejamos una minuta que relata lo sucedido el 06 de junio del 2018, donde la Cámara de Diputados interpeló al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de ley del bono reparatorio para los y las ex presas políticas de la Dictadura de Pinochet.

Para ver el documento, haga click aquí:

Interpelación al Ministro de justicia y DDHH CÁMARA DE DIPUTADOS -06 de junio 2018-

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Documento de trabajo n° 1 de Desclasificación Popular

Este es nuestro primer documento de trabajo, donde mostramos las cifras de cuántas personas han desclasificado sus archivos Valech en Chile. En el siguiente link, podrá leer en detalle este documento de trabajo.

Documento de trabajo n° 1 CIFRAS DE DESCLASIFICACIÓN POPULAR

 

 

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La denuncia de Lorena Fríes, Ex Subsecretaria de Derechos Humanos

El 12 de marzo de 2018, la exsubsecretaría de Derechos Humanos del segundo Gobierno de la expresidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, presentó, a última hora, una denuncia ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago “contra todos quienes resulten responsables de la comisión del delito de apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el Código Penal en contra de todas las víctimas de prisión política y tortura calificadas por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (Valech I) y la Comisión Asesora para la Calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura (Valech II)”.

Esta acción, podría ser considerada como el ejercicio correcto y legítimo, por parte de una autoridad y funcionaria pública, de la acción penal destinada a la investigación de los delitos de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de las víctimas de la práctica sistemática de prisión política y tortura de la época de la dictadura, reconocidas por el Estado de Chile a través de una comisión de verdad, y la sanción de los sujetos que cometieron tales ilícitos. Es más, podría considerarse como una acción encaminada al cumplimiento de una obligación que tienen quienes revisten el carácter de funcionario público, de denunciar hechos que revisten el carácter de delito. Podría, así, estimarse una gran noticia para todas y todos quienes anhelan que nuestro país –como mínimo- cumpla con sus obligaciones internacionales en el proceso de Justicia Transicional que aún vivimos.

Sin embargo, como Desclasificación Popular, nos gustaría compartir algunos comentarios sobre la presentación realizada por la señala exsubsecretaria de Derechos Humanos, toda vez que la forma de llevar a cabo esta actuación merece múltiples reproches.

En primer lugar, llama la atención la fecha de su presentación. La exsubsecretaria, autoridad del antiguo Gobierno, presentó esta denuncia justo cuando el Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, en conjunto con los abogados Paz Becerra y Francisco Jara, presentaron una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento de las obligaciones de investigar, enjuiciar y castigar la práctica sistemática de la tortura durante la dictadura militar.

En segundo lugar, la exsubsecretaria Fries funda, entre otros motivos, la interposición de la señalada denuncia en el deber de todo funcionario público de  “denunciar delitos que estén en su conocimiento”. Invoca el artículo 61, letra k), del Estatuto Administrativo (Ley Nº 18.834) y el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Cabe preguntarse por qué, cuando desempeñó su cargo como Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ella no presentó esta denuncia. Recordemos que el INDH es el custodio de estos archivos, por disposición normativa de la Ley Nº 20.405. Y, ciertamente, corresponde cuestionarse por qué los funcionarios del INDH no han denunciado aún estos hechos, siendo que custodian, guardan y procesan estos datos, hacen trabajo de conservación y han entregado archivos a varios ex presos y ex presas, gracias a la difusión de Desclasificación Popular.

Es más, si todo funcionario público debe denunciar, ¿por qué los funcionarios de las comisiones Valech I y Valech II, o los funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que custodiaron estos archivos en el pasado, o de la Presidencia de la República, no denunciaron estos hechos? ¿Esto quiere decir que todos los funcionarios públicos han incumplido su deber de denunciar?

 

Particularmente, a Desclasificación Popular le llama aún más la atención la denuncia de la exsubsecretaria Fries, porque la primera vez que nosotros solicitamos desclasificar antecedentes de represión de víctimas, con un grupo de 12 expresos políticos y expresas políticas, hecho ocurrido el año 2015. La entonces directora del INDH se negó, manifestanfo que el artículo 15 de la Ley Nº 19.992 no le permitía entregar copia íntegra de los archivos de la Comisión Valech correspondientes a la calificación de estas personas. Lo que hizo Fries, en esa oportunidad, fue entregarles sólo copia de lo que ellas llevaron en su momento a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech I, negando acceso a su ficha y al acto de calificación.

Con posterioridad, el INDH reinterpretó la norma que estableció el secreto de los 50 años de secreto, contenida en el ya señalado artículo 15 de la Ley Nº 19.992. Dicho cambio de criterio del INDH sólo sucedió mediante la interposición de recursos de protección presentados por abogados que leyeron el manual de Desclasificación Popular y por los 14 recursos de protección presentados por nosotros el año 2016, los cuales fueron acogidos por la Judicatura declarando el actuar ilegal y arbitrario del INDH. Fries, en tal ocasión, no actuó en contra del secreto de los 50 años de la Comisión Valech I. Adjuntamos esa carta, para su conocimiento público.

Otro asunto importante, es que el artículo 15 de Ley Nº 19.992, especialmente el inciso tercero, señala: “Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia” (énfasis agregado). Como se observa, esta norma prohíbe a los tribunales de Justicia el acceso a los archivos de la Comisión Valech I.

En el caso de los archivos de la Comisión Valech II, el Poder Judicial ha tenido acceso a una gran cantidad de archivos de dicha comisión de verdad. Curiosamente, la revisión de tales antecedentes no ha originado proceso criminal alguno, siendo que son archivos que contienen bastante información. De hecho, parte del equipo de Desclasificación Popular formuló una solicitud al Poder Judicial, invocando la Ley de Acceso a la Información Pública:

“En julio 2014, mediante el dictamen N° 41.230-2014 de la Contraloría, se señaló que respecto de los antecedentes correspondientes a Valech II, son los propios Tribunales de Justicia a quienes corresponde decidir sobre requerir o no ésta información. Por lo anteriormente señalado, el INDH ha procedido a entregar documentación solicitada por Tribunales, cuando ésta corresponde a casos relacionados con personas que entregaron antecedentes a la Comisión Valech II. Según el INDH, tribunales ha pedido 924 archivos de la comisión Valech II. Me gustaría solicitar que cortes y/o tribunales han pedido estos archivos, de qué región son y si han iniciado casos nuevos con la información de los archivos. Por favor, indicar qué causas se han iniciado, dónde y el rol”.

Ante tal requerimiento de información, el Poder Judicial contestó lo siguiente:

“(…) realizadas las consultas a los ministros en causas de derechos humanos se informa a usted que sólo la entonces ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcia Undurraga Jensen solicitó los antecedentes al Instituto de Derechos Humanos (INDH) tal como lo detalla el siguiente link. http://www.pjud.cl/web/guest/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/indh-entrega-a-la-corte-de-apelaciones-de-rancagua-600-fichas-con-antecedentes-de-personas-torturadas
Los antecedentes no originaron ningún proceso criminal y luego fueron derivados al ministro en visita Mario Carroza Espinosa, quien tampoco abrió procesos por estos antecedentes. Del resto de los ministros en causas de derechos humanos sólo el ministro Álvaro Mesa Latorre pidió antecedentes de un caso concreto no abriendo procesos con esos datos.”.

Otro aspecto que debemos cuestionar a propósito de esta denuncia, es que ella no cumple con las exigencias mínimas establecidas en los artículos 82 y 90 del Código de Procedimiento Penal.

Asimismo, llama poderosamente la atención, la oportunidad en que la exsubsecretaria de Derechos Humanos realizó esta actuación. Primero, porque el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal establece, en lo pertinente, que la denuncia deberá hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tengan conocimiento del hecho criminal. En segundo lugar, por realizarla el día 12 de marzo de 2018, según consta en el certificado de ingreso, cuando ya no detentaba el cargo que investía en el anterior Gobierno.

Finalmente, una enorme consideración de carácter práctico. Aunque el Ministro don Mario Carroza Espinosa, en un caso hipotético, comience a investigar estos casos, hoy no hay capacidad para instruir la indagación de estos 30.000 casos, ocurridos en todo el territorio nacional. Para desarrollar una labor de esta envergadura, el Estado de Chile debería disponer recursos especialmente destinados a ejecutar tal cometido, cuestión que no ha ocurrido. No se ha definido una política para tener abogados del estado dedicados a esto como ocurre con la Unidad Programa de Derechos Humanos, ni se ha aumentado los recursos en el Servicio Médico Legal, ni en las policías y ni el Poder Judicial. Tampoco se el gobierno saliente logró modificar el secreto de los 50 años de la Comisión Valech I.

Este gesto de presentar una denuncia de estas características a última hora, y no haberlo impulsado ni desde el INDH, ni a principios del gobierno, resulta nuevamente, una burla de la expresidenta Michelle Bachelet y de su exsubsecretaria de Derechos Humanos, como lo fue el frustrado cierre del recinto penitenciario de Punta Peuco.

En todo caso, como Desclasificación Popular, estaremos muy atentos a la tramitación de esta denuncia interpuesta ante la Justicia doméstica.

 

Atentamente,

Equipo de Desclasificación Popular

www.desclasificacionpopular.cl

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COMUNICADO DE DESCLASIFICACIÓN POPULAR | Anuncios de Michelle Bachelet a 44 años del Golpe Militar

Hoy, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio tres anuncios para los y las sobrevivientes de la prisión política y tortura de la dictadura cívico-militar de Pinochet:
  • Pondrá discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Valech I, para que esa información se pueda entregar a los tribunales.
  • Se firmará en los próximos meses un convenio entre la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, para que jóvenes estudiantes de derecho puedan asistir legalmente a familiares de víctimas, apoyando su acceso a la justicia, y promoviendo entre los profesionales recién egresados una labor de reparación y memoria.
  • Presentará un Mecanismo de Recalificación para Víctimas de Prisión Política y Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Política, que, a través de una comisión asesora revisará los antecedentes de quienes hayan sido rechazados por la comisión Valech II.
Sobre el primer anuncio, al proyecto de ley que se pondrá “discusión inmediata”, es la moción que se encuentra en 2do trámite constitucional en la Comisión de Derechos Humanos del Senado: proyecto de ley que modifica la ley N°19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Boletín N° 10.883-17).
Esta moción no permitiría avanzar totalmente en el esclarecimiento de la verdad. Este es un proyecto de ley mínimo, que sólo permitirá que los archivos los vea tribunales. Frente a los 50 años de secreto, por supuesto que es un avance. Pero limitado. Dependerá de los tribunales de pedir los archivos y sólo servirá para personas que tengan recursos ante la justicia. Debe existir una denuncia y, hasta el momento, las víctimas y sus familiares han hecho estas denuncias. Siendo que es una obligación del Estado, que no está cumpliendo. Aunque el Poder Judicial ha actuado por iniciativa propia en caso de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos desde el 2010, consideramos que será complejo para tribunales comenzar con 40.000 casos de sobrevivientes de la dictadura.
Sobre el segundo anuncio, generaría más problemas que acceso a la justicia a los ex presos y ex presas políticas, ya que no asegura que estos abogados se dediquen exclusivamente a las causas. Se necesita que se faculte una oficina especial para que el Estado sea parte de los procesos penales. De esta forma, para que realmente el Estado se haga cargo y no recaiga en las víctimas y sobrevivientes. Se debe permitir a la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ser parte en las causas criminales que se abran con ocasión de la entrega de los archivos de las comisiones Valech I y II, tal como ya es parte en los casos por ejecutados políticos y desapariciones forzadas.
 
En vez de firmar este acuerdo, la Presidenta de la República podría dar esta facultad al citado programa, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esto se puede hacer, mediante un nuevo proyecto o bien, mediante un veto aditivo que entregue estas competencias a la Unidad Programa de Derechos Humanos, aumentando, del mismo modo, la cantidad de profesionales a cargo de los casos. El anuncio, como ha sido planteado, entonces, no solucionaría el acceso a la justicia a los y las ex presas políticas y víctimas de tortura de la dictadura cívico-militar.
Finalmente, sobre el último anuncio: la recalificación a las personas que asistieron a la Comisión Valech II. Desde hace varios meses, diversas organizaciones de ex presas y ex presos políticos están en una Mesa de Negociación con diversos organismos del Estado (INDH, Subsecretaría de DDHH, Ministerio del Interior, entre otros) para lograr reivindicaciones ligadas a los sobrevivientes de la dictadura cívico-militar en Chile.
 
Una de las demandas, es la recalificación para todas las personas que no fueron reconocidas oficialmente como víctimas de la Comisión Valech I y Valech II. Hoy la Presidenta de la República anunció la recalificación de los asistentes de la Comisión Valech II.
 
Lo que NO DIJO LA PRESIDENTA BACHELET EN SU ANUNCIO ES QUE ESTE PROCESO DE RECALIFICACIÓN SERÁ SIN REPARACIÓN. Es decir, se invitarán a las 22.036 personas que no fueron reconocidos como víctimas por la Comisión Valech II, a dar nuevamente su testimonio sobre sus torturas. Para luego, no darles derecho a una pensión de reparación. NO SE LES DARÁ DERECHO A LOS BENEFICIOS DE REPARACIÓN DE LA LEY 19.992.
Como DESCLASIFICACIÓN POPULAR, consideramos que la recalificación sin reparación no es justa. Tampoco se entiende por qué se excluyen a los no calificados en la Comisión Valech I y a las personas que, por temor u otras razones, no asistieron a las Comisiones de Tortura y Prisión Política de Chile. COMO LOS ENCARGADOS DE ESTA RECALIFICACIÓN NO HAN SIDO TRANSPARENTES Y NO HA DADO UN BORRADOR Y/O DOCUMENTO OFICIAL SOBRE ESTA NUEVA INSTANCIA, no se saben detalles de nada. Además, se les ha dicho a las organizaciones de ex presos y ex presas políticas que es un problema acceder a los archivos de la Comisión Valech II. LA COMISIÓN VALECH II NO TIENE 50 AÑOS DE SECRETO. LA COMISIÓN VALECH II FUE CREADA POR LA LEY 20.405 QUE NO ESTABLECE SECRETO. SE PONE 50 AÑOS DE SECRETO A LA COMISIÓN VALECH I, A TRAVÉS DEL ART. 15 DE LA LEY 19.992.
 
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) puede, perfectamente, llamar a los no calificados a retirar sus antecedentes. Tiene sus datos personales, ya que es el custodio de todos estos archivos.
DESCLASIFICACIÓN POPULAR exige claridad hacia el país, y respeto a los sobrevivientes de la dictadura de Pinochet. Los tres anuncios de hoy, no solucionan verdaderamente las demandas de los ex presos y ex presas políticas y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Es necesario que el Estado de Chile derogue el artículo 15 de la ley 19.992, si quiere que los archivos de la Comisión Valech I no tengan 50 años de secreto. Es necesario crear una oficina especial de abogados encargados de demandar y llevar las causas de los y las sobrevivientes de la dictadura, si quiere justicia y verdad. Y, finalmente, es necesaria una recalificación con reparación, donde se permita a todos y todas los no calificados a dar sus testimonios. Incluso, a los y las compañeras que no asistieron a ninguna de las Comisiones de Tortura y Prisión Política.
 
 
Atentamente,
Equipo de Desclasificación Popular
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Comunicado público: “Respecto a la omisión del INDH sobre la demanda de desclasificación desde la sociedad civil”

foto noticia indhHoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó una noticia en su sitio web y Facebook institucional llamada “INDH ha entregado más de mil carpetas a declarantes en Comisión Valech”. En esta nota, se señala que:
“Por otra parte, con el objetivo de avanzar en este tema y que el Estado cumpla con sus obligación de garantizar la verdad y la justicia, el Consejo del INDH decide dar inicio a la entrega de documentación Valech I y II a sus titulares, en virtud de haber sido incluidos/as en las nóminas de victimas de Prisión Política y Tortura, elaboradas por las referidas comisiones o determinada por cualquier medio idóneo o documentos de identificación. Así en noviembre de 2015, se procede a entregar documentos públicos y personales aportados por las víctimas a las comisiones. Posteriormente, en septiembre de 2016 el Consejo de INDH, actualiza su posición decidiendo entregar a los titulares solicitantes –Calificados y No Calificados–, todos los documentos contenidos en las carpetas de trabajo, incluyendo aquellos generados por las Comisiones cuidando no vulnerar derechos de terceros víctimas y declarante”.
Hay una grave omisión por parte del INDH, ya que no fue por motivación propia que se decidió dar los archivos de la Comisión Valech I y II. En primer lugar, y en el caso de los archivos de la Comisión Valech I, diversas organizaciones de DD.HH. han luchado contra los 50 años de secreto. Y se debe recordar que el año 2015, se realizó un proceso de desclasificación enviando una carta formal al INDH para que le diera todos sus archivos a 12 ex presas y ex presos políticos. Lamentablemente, el INDH interpretó el secreto de la Comisión Valech I de la siguiente manera: se pueden dar los archivos y documentos que cada ex preso político dio a los entrevistadores que trabajaron para la Comisión Valech I, y los documentos que muestren el trabajo de esta comisión se deben mantenerse en secreto. De esta forma, se mantuvo el secreto y la impunidad.
Fue a finales del 2015, que el manual de Desclasificación Popular llegó a manos de unos abogados de la Universidad de Chile: Paz Becerra y Álvaro Aburto. Ellos asistieron a una ex presa política para pedir su archivo de la Comisión Valech I. Nuevamente, el INDH les dio solo los documentos que, en este caso, la ex presa política pasó a la comisión. Frente a esto, los abogados presentaron un recurso de protección y lograron que se le pasaran todos los archivos. Fue la primera vez que, al menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, se logró sacar toda la documentación de una ex presa política que fue a dar su testimonio a la Comisión Valech I. Este fue, además, un fallo unánime de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta causa fue de Fabiola Esmeralda Valenzuela Valladares, causa rol número 91155-2015.
Nos reunimos con estos abogados que lograron desclasificar, y comenzamos a trabajar juntos desde el 2016. En junio del 2016, volvimos a presentar 14 recursos de protección para desclasificar. Esta vez, trabajamos con un grupo de 14 ex presas y ex presos políticos de la VI Región. Pudimos desclasificar, nuevamente porque presentamos 14 recursos de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago. El 22 de septiembre del 2016, el INDH acató el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se entregaron los archivos íntegros a las ex presas y ex presos que fueron ayudados por Desclasificación Popular.
EL INDH TUVO QUE ACATAR FALLOS DE LOS TRIBUNALES CHILENOS. Y PARA NO TENER MILES DE RECURSOS DE PROTECCIÓN EN SU CONTRA, SE PROPUSO AL CONSEJO DEL INDH DAR LOS ARCHIVOS CADA VEZ QUE ALGÚN EX PRESO Y EX PRESA POLÍTICA LO REQUIRIESE.
Esta omisión es una ofensa para todos y todas las organizaciones de ex presos y ex presas políticas que han desclasificado. Incluso, para los ex presos y ex presas políticas que han solicitado sus archivos sin la ayuda de Desclasificación Popular. Son ellos y ellas los que han quebrado el secreto de los 50 años, no el INDH.
Creemos, firmemente, que este no es un error casual. La invisibilización de la lucha contra la impunidad y el fin de los archivos secretos de la dictadura no es del INDH. Está en todos y todas que, día a día, piden verdad y justicia.

 

Firma
Equipo de DESCLASIFICACIÓN POPULAR

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Comunicado de DESCLASIFICACIÓN POPULAR – Entrega de los archivos de la Comisión Valech I

El jueves 22 de septiembre del 2016, el Instituto Nacional de Derechos Humanos cumplió el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de los catorce Recursos de Protección de ex presas y ex presos políticos de Rancagua. Dichos recursos fueron interpuestos por este grupo de ex presas y ex presos políticos, con apoyo de DESCLASIFICACIÓN POPULAR, con el objeto de desclasificar los archivos de la Comisión Valech I, que tienen 50 años de secreto.

De esta forma, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó todos los archivos, testimonios, documentos a estas catorce personas. La importancia del fallo es que permite a las ex presas y ex presos políticos tener antecedentes oficiales para futuras querellas contra el Estado y sus torturadores. Además, resquebrajamos los 50 años de secreto impuestos a los archivos de la Comisión Valech I. Como equipo de DESCLASIFICACIÓN POPULAR, celebramos esto porque nos permite entregar estos datos a los verdaderos dueños y comenzar a hacer un relato histórico de la resistencia a la Dictadura Cívico-Militar.

Si la Justicia ha reconocido hoy el derecho de las víctimas sobre su carpeta (que contiene antecedentes, documentos, testimonios, acto calificatorio, etc.) de la Comisión Valech I, ha sido porque al momento de recurrir, en primera instancia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, no se atendió dicho requerimiento positivamente. Así, se tuvo que llegar al empleo de la vía judicial para poder ejercer este derecho. Es un camino válido frente al incumpliendo del Estado en temas de verdad y justicia.

Como DESCLASIFICACIÓN POPULAR, es incomprensible que el Estado de Chile proteja más a los archivos y su secreto, que los Derechos Humanos, especialmente de los sobrevivientes de la Dictadura Cívico-Militar. Obstaculizar el derecho a la verdad y a la justicia, violenta a las víctimas de prisión política y tortura.

Ni el Gobierno ni el Congreso de Chile han tomado acciones concretas para cumplir con sus obligaciones internacionales sobre verdad y justicia, especialmente con las personas víctimas de prisión política y tortura. Las ex presas y ex presos políticos de Chile no tienen verdad, no tienen justicia y no tienen reparación digna. Así DESCLASIFICACIÓN POPULAR, que es un colectivo artístico- político, ha asumido la iniciativa de reclamar ante el Poder Judicial el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado en materia de derecho a la verdad que asiste a las víctimas y a la sociedad chilena.

Finalmente, les comentamos que el material entregado será publicado el 15 de diciembre del 2016, en la nueva exposición del artista Francisco Papas Fritas llamada “2054” y en el sitio web de Desclasificación Popular. Por supuesto, dependiendo si las ex presas y ex presos presentes hoy quieran, generosamente, compartir con nosotros sus archivos.
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Atentamente, Equipo de Desclasificación Popular.

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Víctimas de Pinochet consiguen destapar archivos secretos sobre la dictadura

Les dejamos la nota de El Mostrador, sobre el cumplimiento del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de las ex presas y ex presos políticos que lograron desclasificar sus archivos de la Comisión Valech I.

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Ex presos políticos solicitan al INDH carpetas para la Desclasificación Popular

Este viernes 25 de septiembre un grupo de ex presos políticos solicitó por primera vez, a través de una carta al INDH, su carpeta de calificación de víctimas sobrevivientes de prisión y tortura, con el objetivo de poder subirlas a la plataforma web del proyecto de “Desclasificación Popular” para hacer publica la identidad de los torturadores que se mantienen en impunidad.

 LA IZQUIERDA DIARIO

Flavia Maass


Durante la mañana de este viernes 26 fueron solicitadas, por alrededor de 15 víctimas de prisión y tortura, las carpetas de declaraciones personales de cada uno de ellos, a Lorena Fríes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que custodia esta documentación (Ley Nº 20.405).

El objetivo de los ex presos políticos es obtener sus propias declaraciones y subirlas a la plataforma digital del proyecto de Desclasificación Popular, que tiene como objetivo develar la identidad de los responsables de violación a los derechos humanos, específicamente de la tortura, violación y asesinato cometidos durante la dictadura cívico-militar. Diversas organizaciones como Pan y Rosas Teresa Flores, el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y medios locales, se hicieron presentes para brindar su apoyo y cubrir este hito en la lucha de los ex presos políticos por justicia y verdad.

El proyecto de Desclasificación Popular es impulsado por el artista visual Francisco “Papas Fritas” en conjunto con diferentes ex presos y presas políticas que sufrieron tortura política sexual en dictadura.

Este proyecto busca develar la cara de los torturadores que siguen en impunidad, debido a que la Ley Nº 19.992 en su artículo 15, impuso 50 años de secreto a los archivos y testimonios de las personas que fueron torturadas y detenidas durante la dictadura Cívico-Militar. Este secreto no permite, ni siquiera al Poder Judicial, acceder a estos documentos para procesar a los torturadores. Es decir que mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia.

Es por esto que ex presos políticos que declararon en la Comisión Valech I, exigien al INDH su carpeta con todos sus antecedentes.

Este sábado 26 a las 18:20 horas en el centro Cultural Matucana 100 se realizará el lanzamiento del proyecto de “Desclasificación Popular”, el que es abierto a todo público. En este proyecto se invita a las víctimas de prisión política y tortura a pedir sus documentos y darlos a conocer por completo o parcialmente, de manera anónima, a través del sitio web www.desclasificacionpopular.cl, el cual ya está habilitado. Además, en la explanada de Matucana 100 se instalarán 3 mil manuales con las instrucciones para llevar a cabo esta acción, formando la frase: La memoria es nuestra.

Dentro del proceso de desclasificación, la idea es proteger completamente la identidad de las personas sometidas a tortura y la desclasificación popular para los torturadores.

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Lanzan “Desclasificación Popular” del Informe Valech ante negación de autoridades de levantar secreto de 50 años

RADIO VILLA FRANCIA

Este sábado 26 de septiembre se dio cita en el Centro Matucana 100 el lanzamiento de la acción “Desclasificación Popular de la Valech”. La actividad comenzó a eso de las 19 horas y reunió a organizaciones de DDHH, Ex Presos Políticos y presencia del mundo artístico.

Estamos cansados de la impunidad” señalaba una de las personas a cargo de la actividad a través de un micrófono. “Hasta ahora lo que hemos tenido de los gobiernos de la concertación, Piñera y el actual, ha sido solo impunidad y nula justicia“.

Revisa reportaje: La verdad de la Comisión Valech y los porqué de la sistemática negación de Bachelet a levantar el secreto de 50 años

Nueva interpretación de la Ley 19.992 

A partir de una nueva lectura a la ley 19.992 (que decretó el secreto del informe Valech) se identificó que en su articulo 15 las victimas que declararon en las comisiones (1 y 2) tienen el derecho a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el mismo artículo 15.

A raíz de esto, el artista visual Francisco “Papas Fritas” Tapia y un grupo de ex Presos Políticos del MIR, han comenzado a trabajar por conseguir la desclasificación de los nombres de los torturadores y violadores de los DDHH que, se supone, el recogimiento de testimonio de la comisión Valech, Así, hace un par de semanas atrás llegaron hasta las oficinas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDH) a exigir sus informes. Tras dos reuniones, desde el mismo PDH legitimaron la acción concediendo que la ley es interpretativa y, en base a esto, lo que se exigía podría ser concretado cuestión que inició reuniones y estudios en el mismo PDH. Los ex Presos Políticos también acudieron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitando los informes -por ley, el INDH mantiene la custodio legal de los informes, misión encomendada por el Ministerio del Interior en base a la ley 19.992- en donde el planteamiento fue similar “la ley es interpretativa y en ese contexto se debe estudiar la petición y su factibilidad del derecho de las víctimas a solicitar sus informes, lo que incluso podría ser solicitado por familiares directos”.

Desclasificacion popular

Para llevar a cabo la difusión del mecanismo e iniciar una solicitud masiva de los informes se ha puesto a disposición una página web: desclasificacionpopular.cl en donde se puede obtener información del mecanismo de solicitud y descargar un manual en donde se enseña a hacerlo.

La actividad en Matucana 100 fue acompañada por música y memoria, entre ellas estuvo el “Trio Memorial” discursos y entrega de manuales. A ella asistieron unas 150 personas y  se reivindicó el derecho a la verdad y a la justicia.